El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el s en $1.750.905.
La medida, según precisó el alto tribunal, no constituye una decisión de fondo sobre la legalidad del acto administrativo. Ese análisis será resuelto posteriormente en la sentencia que ponga fin al proceso.
En la providencia, el Consejo de Estado ordenó al Ejecutivo expedir y publicar, dentro de los ocho días calendario siguientes a la notificación, un decreto transitorio que establezca el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor correspondiente.
Ese nuevo decreto regirá hasta que se profiera una decisión definitiva dentro del proceso judicial.
Para determinar la nueva cifra, el Gobierno deberá aplicar de manera integral los criterios legales y constitucionales vigentes, entre ellos:
- La meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República.
- La productividad certificada oficialmente.
- La inflación real del año anterior.
- El crecimiento del PIB.
- La contribución de los salarios al ingreso nacional.
- La especial protección del trabajo.
- La garantía de una remuneración mínima, vital y móvil.