La defensoría del pueblo anunció emitió una alerta temprana donde afirman que la disminución de los cultivos se está trasladando a las estructuras criminales hacia negocios vinculados con extracción ilícita de minerales, con lo cual esta actividad criminal es el nuevo ‘combustible’ de la expansión de los grupos armados ilegales.
Desde la entidad se presentó el informe ‘Situación de Derechos Humanos de la Población Minera Colombiana, visibilizando la cara de la economía ilegal’, donde se expone la necesidad de entender las otras dimensiones de la minería, particularmente la minería ancestral y la minería a pequeña escala.
“A lo largo de las últimas décadas, los grupos armados ilegales en Nariño se habían concentrado principalmente en el negocio de la coca. Llegó a ser el departamento con el mayor número de hectáreas de coca cultivada, sin embargo y tal como lo dijimos a partir de nuestra Alerta Temprana 036 del 2020, la disminución en el precio de la coca y la expansión de las disidencias de las Farc en el territorio nariñense los llevó a interesarse en el negocio de la explotación de oro”, explicó Carlos Camargo.
Desde la defensoría confían en la intervención de los entes nacionales con el objetivo de no permitir que se siga ampliando esta problemática en las minas del país.