Este sábado, los seis delegados designados por el presidente Gustavo Petro para el proceso diálogo con la ‘Segunda Marquetalia’, grupo desertor del acuerdo de paz, se reunirán en Bogotá para ultimar detalles de cara a la instalación de la mesa, evento que se llevará a cabo el lunes en Caracas, Venezuela. Este será el tercer proceso de negociación que adelantará el Ejecutivo de manera simultánea, luego de los iniciados con el ElN, en noviembre del 2022, y con las disidencias del ‘Estado Mayor Central’, en octubre de 2023.
Los nombres que faltaban por conocer de la delegación del Gobierno fueron designados esta semana por el presidente Gustavo Petro. A Armando Novoa, principal vocero, lo acompañarán Parmenio Cuéllar, exministro de Justicia; el coronel (r) Jaime Joaquín Ariza, como representante de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore); María Camila Moreno, antropóloga que ha trabajado con comunidades étnicas en temas de derechos colectivos; Gloria Arias Nieto, miembro del movimiento Defendamos la Paz; y Gabriel Bustamante, subdirector general de la Unidad de Restitución de Tierras.
Además, también se designó a Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, como miembro de apoyo al proceso de negociación, y a Armando Borrero Mansilla, Milton de Jesús Toncel –conocido en su paso por las Farc como Joaquín Gómez–, Álvaro Jiménez Millán -la mano derecha del comisionado Otty Patiño-, Gabriel Becerra Yañez, Alberto Lara Lozada y Estefanía Ciro, como parte del Comité Consultivo de Alto Nivel de la mesa.
La tesis bajo la cual sustenta el Gobierno el inicio de esta negociación –manifestada por el excomisionado Danilo Rueda antes de salir de su cargo– es que en el acuerdo no existe limitación para que los desertores ingresen a nuevos procesos y puedan tener cabida en otro esquema de justicia transicional, algo que iría en contravía de las propias afirmaciones de esta administración, de la Corte Constitucional y de la base jurídica de la JEP, la Ley 1957 de 2019.
A esto hay que sumarle la sentencia de la Corte Constitucional sobre la ‘paz total’ en la que se declaró inexequible que fuera “a juicio del Gobierno” que se definieran los términos del sometimiento a la justicia. Esa definición, advirtió la Corte, solo puede ser dada por el Congreso a través de una ley, la cual ni siquiera ha sido radicada por el Ejecutivo.