De manera sorpresiva, en la tarde de este viernes la Dijín se tomó las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en el marco de las pesquisas por el escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La información fue corroborada por la propia Presidencia, que sostuvo que la diligencia judicial se realiza tras la pérdida de discos duros en computadores de la exconsejera Sandra Ortiz, así como de una asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ambos implicados en las presuntas irregularidades.
Justo este viernes, apenas días después de que Presidencia confirmó la pérdida de discos duros en computadores de la exconsejera Sandra Ortiz, se conoció de un caso similar en el Ministerio de Hacienda, hoy liderado por Ricardo Bonilla y quien también resultó salpicado en los presuntos hechos de corrupción. El caso involucra el computador de María Alejandra Benavides, exasesora en el Ministerio de Hacienda, que fue mencionada por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, como aparente enlace entre la cartera y la Unidad.
Hasta ahora está probado que el ministro firmó dos resoluciones que terminaron adicionando hasta 1,4 billones de pesos al presupuesto de la UNGRD. Una de las inyecciones presupuestales ocurrió un mes antes de las elecciones regionales (septiembre de 2023) y la otra se firmó en diciembre del año pasado.
Aunque la adición presupuestal fue de 1.4 billones de pesos, el aparente interés del ministro Bonilla se centró en 92.000 millones de pesos que se iban a distribuir en tres contratos. En teoría, esa plata iba a invertirse en obras para la contención y prevención de inundaciones y la mitigación de la erosión por lluvias.