Álvaro Hernán Prada, titular del magistrado electoral, explicó cuáles fueron las aparentes anomalías, tanto en la violación de topes y financiación irregular de la aspiración del hoy jefe de Estado, durante el proceso de 2022
De acuerdo con el titular del órgano electoral, que fue representante a la Cámara por el Centro Democrático, será el jueves 11 de septiembre cuando los ocho magistrados habilitados para ejercer su derecho al voto, luego de que fuera recusada la togada Alba Lucía Velásquez, los que se pronuncien sobre este caso. “He citado a la sala plena con el próposito de debatir y votar esta ponencia”, indicó Prada en el video de sus afirmaciones compartidos a los medios.
De acuerdo con la comisión instructora, entre la primera y la segunda vuelta, la campaña superó los topes de gasto por más de 3.042 millones de pesos, y habría recibido financiación prohibida por más de 2.118 millones de pesos. Dicha configuración de responsabilidades se encuentra documentada en el informe radicado ante el CNE. Es decir que, en conjunto, son cerca de 5.160 millones de pesos los que se habrían excedido en estos ítems de la campaña presidencial.
Como resultado, la ponencia recomienda a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral imponer una sanción solidaria por casi 5.900 millones de pesos al gerente, la tesorera y la auditora de la campaña presidencial. Es decir, al hoy presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa; a Lucy Aydeé Mogollón y María Lucy Soto, que ocuparon los respectivos cargos y los que firmaron los documentos con los que se radicó la contabilidad de la aspiración.