Un terremoto político sacude la carrera por la Casa Nariño. Lo que el abogado y candidato Abelardo De la Espriella presentó como un «hito histórico» de respaldo popular, terminó convertido en un expediente de irregularidades. Tras una revisión técnica, la Registraduría Nacional invalidó más de 3 millones de firmas de las más de 5 millones que había presentado De la Espriella para inscribirse como candidato presidencial, encendiendo las alarmas sobre la transparencia de su campaña.
El contraste entre el discurso de la campaña y la realidad técnica de la Registraduría es drástico. Según el documento técnico “Investigación 44”, verificado por la funcionaria Martha Lucía Isaza, los números no mienten:
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Concepto Cifra
Firmas entregadas 5.079.000
Firmas VALIDADAS 1.978.108 (Apenas el 38%)
Firmas RECHAZADAS 3.100.892 (62% del total)
¿Por qué se anularon las firmas?
El desglose de las inconsistencias revela un panorama crítico de gestión de datos:
- 1.437.677: Datos que no corresponden a la realidad.
- 1.025.663: Personas que no figuran en el Archivo Nacional de Identificación (ANI).
- 273.211: Registros duplicados.
- 152.028: Datos totalmente ilegibles.
- 159.700: Renglones en blanco.
Es decir, que 2.463.340 de firmas o casi el 50% del total de firmas entregadas corresponderían a datos falsos o inexactos.
e la Espriella: entre el ataque y el desconocimiento
Fiel a su estilo, Abelardo de la Espriella respondió en Blu Radio atacando la credibilidad de la fuente y minimizando el hallazgo y calificó a la periodista Cecilia Orozco como «activista política» y afirmó que existe «mala fe» en su contra desde hace años.
Al ser interrogado por el desplome de sus apoyos, aseguró: «No lo sé, no tengo idea de eso, lo voy a verificar».
Finalmente insistió en que las firmas se recogieron «sin un peso y sin maquinaria», y confirmó que sus abogados presentarán recursos legales contra la decisión de la Registraduría.
¿Por qué se cae una firma?
La Registraduría no solo cuenta papeles; somete cada renglón a un proceso de validación cruzada (tecnológica y humana). Estos son los tres filtros principales que fallaron masivamente en este caso:
Cotejo con el ANI (Archivo Nacional de Identificación): Es el filtro más duro. Si el número de cédula no coincide con el nombre, o si la cédula pertenece a una persona fallecida o con derechos políticos suspendidos, la firma se anula. En el caso de De la Espriella, más de un millón de registros no aparecieron en esta base de datos.
Grafología y Unicidad: Se busca detectar «planas» (firmas hechas por la misma mano). Si el sistema detecta patrones de escritura idénticos en diferentes renglones, se anula todo el lote.
Datos Incompletos o Ilegibles: La ley exige nombre completo, cédula, firma y fecha. Cualquier omisión (como las 152.028 firmas ilegibles reportadas) invalida el apoyo de inmediato.
¿Cuándo esta irregularidad se convierte en delito?
Aquí es donde la situación pasa de ser un «error administrativo» a una posible denuncia penal. El Código Penal colombiano contempla delitos contra los mecanismos de participación democrática:
Falsedad en documento público/privado: Si se comprueba que los brigadistas de la campaña llenaron formularios usando bases de datos sin el consentimiento de los ciudadanos, estaríamos ante una falsedad sistemática.
Fraude electoral: Presentar firmas falsas para obtener un beneficio (en este caso, el aval para ser candidato y el acceso a financiación o espacios en medios) puede ser tipificado como fraude.
Consecuencias para el candidato: Aunque el candidato suele delegar la recolección en empresas o voluntarios, es el responsable legal y político de lo que entrega. Si la Fiscalía encontrara un patrón de dolo (intención de engañar), podría abrir investigaciones formales contra De la Espriella.
¿Qué sigue para la campaña?
A pesar del masivo rechazo, De la Espriella logró superar el umbral mínimo legal para mantener su candidatura, pero el daño reputacional es innegable. Con más de 3 millones de firmas tachadas como inválidas o inexistentes, el candidato deberá enfrentar no solo el escrutinio de las urnas, sino el de una opinión pública que hoy cuestiona la veracidad de su «respaldo nacional».