La Gobernación del Atlántico está adoptando medidas contundentes para abordar el problema del consumo y comercio de drogas en el departamento, especialmente orientadas a la prevención entre niños y jóvenes. Bajo el liderazgo del Consejo Seccional de Estupefacientes, que reúne a 20 instituciones locales clave, se están implementando estrategias integrales con apoyo del Colombo Plan, financiado por la Embajada de los Estados Unidos. Estas iniciativas buscan fortalecer capacidades locales a través de educación, capacitación y prevención basada en evidencia, adaptándose a las necesidades específicas de cada municipio.
El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo, en su rol de secretario técnico del Consejo, ha encabezado reuniones trimestrales para unir esfuerzos interinstitucionales en la prevención del consumo de drogas y la lucha contra el crimen organizado. Subrayó la gravedad del impacto en la salud pública, especialmente entre los jóvenes, destacando también los esfuerzos en salud mental y la integración de múltiples entidades en las estrategias de prevención y enfrentamiento al crimen.
El Consejo Seccional de Estupefacientes, coordinado por la Secretaría de Salud del Atlántico, incluye a diversas entidades como la Alcaldía de Barranquilla, Secretarías locales, Policía, Fuerzas Armadas, y ahora se integrarán universidades. Se anunció que el Atlántico es uno de los territorios seleccionados para la inversión del Colombo Plan, destinada a fortalecer capacidades locales para implementar estrategias de tratamiento y prevención basadas en evidencia, con un enfoque en áreas urbanas, rurales y aisladas.
La nueva Política Nacional de Drogas ‘Sembrando vida, desterramos el narcotráfico’, respaldada por el Gobierno nacional, destaca la importancia de los Planes Integrales Territoriales de Drogas (PITD). En el Atlántico, se está avanzando en la formulación del PITD con participación activa de instituciones, academia y sociedad civil, en un esfuerzo conjunto para combatir el consumo de sustancias psicoactivas, la oferta ilícita y la criminalidad asociada, mientras se protege la salud pública y se mejora la calidad de vida de los ciudadanos vulnerables.